Por Maxwel Reyes elnacional.com.do
SANTIAGO.-El fiscal titular de la provincia Valverde, magistrado Nelson Rodríguez, dejó claro ayer que el Ministerio Público está realizando su investigación con relación a la muerte del teniente coronel piloto Ramón Israel Rodríguez Cruz, sin el auxilio de la Policía Nacional y la Fuerza Aérea de la República Dominicana.
Rodríguez, señaló que ha recibido la instrucción desde la Procuraduría General de la República de profundizar las investigaciones por lo que han desplegado todos los recursos necesarios.
Se informó la semana pasada que una comisión de generales de la Policía Nacional y de la Fuerza Aérea de la República Dominicana investigaba el crimen y que rendirán un informe.
“No queremos que se involucre la Policía, no queremos que se involucre la Fuerza Aérea sino el Ministerio Público, por qué, para que sea una investigación diáfana, una investigación objetiva, transparente, seria, responsable y que surja señores, la verdad”, apuntó Rodríguez Cruz, previo al conocimiento de medidas de coerción de dos alistados de la Policía acusados de la muerte del oficial.
Ayer, la jueza Yarixa Alexandra Cabral dictó tres meses de prisión preventiva contra el cabo de la Policía, Rafael de Jesús Díaz Gómez y el sargento mayor de esa institución, Librado Recio Solis, acusados de la muerte a tiros el teniente coronel piloto, Rodríguez Cruz, de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), la madrugada del 24 de diciembre, en Boruco de Guatapanal en la provincia Valverde.
Los agentes policiales son imputados de violar los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifica el homicidio voluntario en perjuicio del oficial superior.
Mientras, que el magistrado Rodríguez aseguró que de probar los hechos en contra de los alistados de la Policía Nacional, el Ministerio Público solicitará la pena máxima.
“Dejen que el Ministerio Público desarrolle su trabajo que lo está haciendo serio, sin presión de nadie, ni lo permitimos de nadie”, apuntó el representante del Ministerio Público.
El sargento mayor Librado Recio Solís y el raso Rafael de Jesús Díaz Gómez deberán cumplir la medida de coerción impuesta en el Centro de Corrección y Rehabilitación para Hombres (CCR-Mao).
